Judicializan la caja sindical: medio centenar de gremios va a los tribunales por la retención de $688 mil millones para obras sociales
La tensión entre el sindicalismo y el Poder Ejecutivo alcanzó un nuevo pico de fricción. Una coalición integrada por unos 50 gremios, conducida por el líder gastronómico Luis Barrionuevo y respaldada por el Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri —que gestiona OSECAC, la obra social más nutrida de la Argentina—, impulsará en las próximas horas una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
La presentación imputa al titular del Palacio de Hacienda por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de la retención de fondos clave destinados a la medicina asistencial de los trabajadores. La suma reclamada por la conducción sindical asciende a $688.000 millones, repartida en dos cuentas específicas:
$288.000 millones depositados en plazo fijo en el Banco Nación, originados en partidas presupuestarias extraordinarias aprobadas en 2023 para el financiamiento de prestaciones críticas como la atención a la discapacidad.
$400.000 millones alojados en Fondos FIMA dentro del Fondo de Emergencia y Asistencia, derivados del histórico acuerdo de regularización e ingresos extraordinarios abonados por la prepaga OSDE.
Un quiebre de estrategia en el frente gremial
La movida colectiva no solo sitúa al Gobierno en el centro de la escena judicial, sino que expone las diferencias metodológicas dentro de la propia Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras la cúpula cegetista mantiene negociaciones e intercambios con el ministro de Salud, Mario Lugones, el sector liderado por Barrionuevo resolvió abandonar la mesa de diálogo institucional para judicializar el conflicto de inmediato.
En paralelo con las acciones legales, el referente de UTHGRA desestimó la idea de huelgas parciales planteadas en los pasillos cegetistas y ratificó la convocatoria a un paro nacional con movilización para el próximo 16 de noviembre, con protestas enfocadas ante el Ministerio de Capital Humano en demanda de la homologación de actas paritarias y certificaciones gremiales.
Asfixia financiera y alerta del sector médico
El congelamiento de estos desembolsos agrava el panorama operacional del sistema asistencial privado y sindical. Fuentes técnicas de la seguridad social advierten que aproximadamente el 90% de los recursos ordinarios del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) absorbidos mes a mes terminan destinados a la cobertura de prestaciones vinculadas a discapacidad, dejando un margen marginal para el reintegro de medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad.
"Estamos en una encerrona. La caída del poder adquisitivo del salario frente a un aumento exponencial del gasto médico obliga a las obras sociales a cubrir el bache, y cuando el costo desborda, el sistema se judicializa. Es una olla a presión", advirtió el sanitarista Luis Scervino.
Asimismo, la demanda presentada ante la justicia incluirá un reclamo específico para la actualización urgente del nomenclador oficial de medicamentos, cuyo valor de reintegro por parte del Estado permanece congelado desde hace aproximadamente tres años, obligando a las estructuras gremiales a absorber de su caja operativa el 90% del valor real de dichos insumos.