Entra en vigencia la nueva ley penal juvenil
Este sábado entró en vigencia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 27.801), que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que genera expectativas de un fuerte incremento en las causas judiciales.
En la justicia bonaerense, las proyecciones oficiales indican un aumento del 40% al 60% en las causas penales, aunque fuentes judiciales no descartan que el incremento pueda trepar hasta el 80%. Esta previsión se basa en que durante 2025 se iniciaron 1.857 procesos penales juveniles en la provincia, con 1.828 menores imputados.
Reacciones en el sistema judicial:
Funcionarios de fiscalías y juzgados de menores coinciden en señalar que el sistema "no está preparado" para este aluvión de expedientes, que deberán ser tramitados con los mismos recursos humanos y materiales disponibles actualmente.
Un fiscal de menores explicó el cambio sustancial: "Hasta este viernes llamábamos a los chicos de 14 y 15 'no punibles' y ahora se convierten en 'punibles'. Cuando comete un delito grave, de penas de más de tres años como robo a mano armada, abuso u homicidio, va preso".
Procedimiento y penas:
La nueva ley establece que para delitos con penas de hasta 3 años se aplicarán condenas alternativas (prisión domiciliaria, tareas comunitarias), mientras que la pena máxima se reduce de 20 a 15 años para delitos graves. Se prevé la creación de institutos especiales con personal capacitado en infancia.
Críticas de fondo:
Los operadores judiciales cuestionan que la norma "no aborda temas centrales de la prevención como la educación o la contención de los menores". Un juez nacional sentenció: "El sistema penal no educa ni sociabiliza. La solución es educación, trabajo y ocuparse de los pibes a nivel social".
Perfil de los delitos:
Según datos de la justicia nacional, el 81% de los hechos investigados durante 2025 fueron contra la propiedad (robos), seguidos por delitos sexuales y, en cuarto lugar, delitos contra las personas (homicidios), donde se investigaron a 10 menores.
La norma, aprobada por el Congreso en febrero y promulgada en marzo, responde a una "demanda social que exigía más seguridad", según reconocen los propios magistrados, aunque alertan que el sistema de centros de menores "no dará abasto".